En la audiencia, la delegación solicitó al Estado ecuatoriano que garantice la financiación necesaria para el mecanismo de protección de periodistas, asignando recursos adecuados para evaluar riesgos, implementar políticas de protección y facilitar la denuncia de actos de violencia contra periodistas.

En especial -señalaron- se deben investigar casos “tan graves y emblemáticos” como el asesinato, en 2018, de tres integrantes de un equipo del diario El Comercio, a manos de disidentes de las FARC, así como del asesinato de Fernando Villavicencio, periodista que solía denunciar actos de corrupción, quien fuera acribillado cuando salía de un mitin de su campaña presidencial el año pasado.