Se conocerá el veredicto por el crimen del laico que colaboraba con Angelelli
Será luego de escuchar al exalférez Eduardo Britos, único imputado en la causa por crímenes de lesa humanidad contra presos políticos y por el homicidio del dirigente campesino Wenceslao Pedernera.
Britos, quien estuvo ausente en la gran mayorÃa de las audiencias llevadas a cabo desde el inicio de este juicio el pasado 28 de abril, se encuentra acusado de ser autor mediato en el homicidio calificado de Pedernera y por los delitos de privación ilegÃtima de la libertad, tormentos, allanamientos, asociación ilÃcita y delitos sexuales en perjuicio de 42 vÃctimas.
Tanto las querellas como la fiscalÃa pidieron durante sus alegatos la condena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para asumir cargos asà como la detención inmediata del exgendarme en una cárcel común federal.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal Federal MarÃa Virginia Miguel Carmona asà como los distintos abogados querellantes, resaltaron que en La Rioja hubo un plan sistemático represivo "con el agravante de que uno de los objetivos fue la Pastoral de monseñor Angelelli", calificada como "subversiva al querer cumplir con los decretos del Concilio Vaticano II y desarrollar su misión evangelizadora".
Según las actuaciones que constan en las actas, libros de visitas y de novedades del IRS, se pudo comprobar "la asiduidad" de la presencia del exgendarme en los calabozos viendo a los detenidos y que "coinciden en su totalidad con las declaraciones de los testigos".
"Britos siempre aparece al mando, a cargo, presidiendo, dirigiendo, es decir en roles en los que tiene papeles destacados de responsabilidad con una conducta violenta y avasalladora hasta con los mismos guardia cárceles", destacó Carmona en base a lo documentado en los libros del IRS.
Respecto del asesinato de Pedernera perpetrado en la madrugada del 25 de julio de 1976 en su domicilio, donde el colaborador del obispo Angelelli fue acribillado por un grupo de tareas frente a su mujer y tres pequeñas hijas, la fiscal y las querellas fueron contundentes al señalar que se trató de un eslabón más en la "cadena de hechos violentos" contra la obra de que llevaba a cabo el Obispado en la provincia.
"Surgió en este proceso de manera notoria que las conductas tÃpicas que desplegó Britos además de encuadrar en los agravantes de ensañamiento y alevosÃa, debe responder por el agravante de odio religioso ante la serie concatenada de hechos de una persecución sistemática al Obispado de La Rioja, a las personas cercanas al Obispo Angelelli asà como a sacerdotes, personas religiosas y laicos", argumentó la querella de la familia Pedernera.
Sobre los hechos de aquella noche en la que el dirigente rural fue asesinado, el abogado querellante, Pablo Ramiro Fresneda, remarcó su estado de indefensión: "Fueron a la madrugada cuando estaba durmiendo con sus hijas menores de edad sin ninguna posibilidad de defenderse. Con la zona absolutamente liberada, personas armadas con dos autos, bajaron y le dispararon a quemarropa".
El exgendarmeEduardo Britos pasó dos años prófugo de la Justicia argentina hasta que fue extraditado desde Paraguay en 2011 para ser juzgado.
En 2013 fue condenado por delitos de lesa humanidad a 15 años de prisión como responsable del delito de imposición de tormentos contra seis presas y presos polÃticos.
Angelelli y Pedernera junto a los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville -los cuatro asesinados en menos de un mes en La Rioja durante el terrorismo de Estado- fueron declarados mártires beatos por la Iglesia Católica.
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
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