Juzgan a un exjefe policial salteño por abusar de la hermana de un militante asesinado
Según el fiscal la víctima� fue abusada sexualmente por personal de la Policía de Salta, incluido el totilar, Joaquín Guil, el 24 de abril de 1975, cuando concurrió a la Jefatura de esa fuerza a pedir noticias de su hermano, que había sido ejecutado unos días antes.�
La dirigente y militante de los derechos humanos en Salta consideró que "todas estas cosas se tienen que saber" y agregó: "Ahora, que hay toda una andanada de gente de derecha que quiere negar todo, es cuando más vamos a hablar de todo esto, vamos a hacer memoria y vamos a luchar por una ley de memoria".
Leonard hizo estas afirmaciones al concluir la primera audiencia del juicio contra Guil, exdirector de Seguridad de la PolicÃÂa de Salta, quien llegó acusado de abuso deshonesto agravado por el uso de la fuerza o intimidación en las personas, por la calidad de los autores y por el concurso de dos o más personas.
En representación del Ministerio Público actúa el fiscal federal Carlos Amad, mientras que a la defensa la ejerce el defensor oficial Juan Pablo Lauthier.
En su requerimiento de elevación a juicio, Amad indicó que la vÃÂctima fue abusada sexualmente por personal de la PolicÃÂa de Salta, a las 18 del 24 de abril de 1975, cuando concurrió a la Jefatura de esa fuerza.
La mujer fue "para gestionar y obtener la autorización que le fue requerida en la morgue del hospital San Bernardo, para poder retirar el cadáver de su hermano, abatido por personal de esa misma fuerza", en un procedimiento ilegal por el que Guil ya fue juzgado y condenado.
Según el requerimiento, al llegar fue atendida por un agente y luego "por quien se comportaba como el jefe de la PolicÃÂa, con autoridad y voz de mando", quien ordenó que la trasladen a una habitación para ser requisada.
Una vez allÃÂ, frente a unos 20 policÃÂas uniformados, fue abusada sexualmente.
Foto: Engue Cornu. Por ello, "este Ministerio Público Fiscal acusa a JoaquÃÂn Guil, en su calidad de director de Seguridad de la PolicÃÂa de Salta y, por lo tanto, integrante de la cúpula policial", por lo que "deberá responder como autor mediato de los delitos de abuso deshonesto agravado por el uso de la fuerza o intimidación en las personas y por el concurso real de dos o más personas", señala el requerimiento.
La familia de la vÃÂctima. /Foto: Engue Cornu. Amad explicó que no se trata de hechos aislados, sino que las conductas denunciadas forman "parte de un plan organizado y sistemático de represión ilegal concebido y ejecutado desde la cúpula del aparato organizado de poder del estado".
Además, el fiscal destacó que cuatro dÃÂas antes de este hecho en particular aconteció la ejecución del hermano de la vÃÂctima, un militante de la Juventud Peronista que "fue acribillado el 20 de abril de 1975 por la PolicÃÂa de la Provincia de Salta", en la localidad de San Lorenzo.
Este hecho y otros similares ocurridos el mismo dÃÂa fueron juzgados en el marco de varios expedientes contra Guil y Raúl Gentil, que era el jefe de la PolicÃÂa de Salta, por privación ilegÃÂtima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso real con el de homicidio calificado por alevosÃÂa y el concurso premeditado de dos o más personas en el grado de autores mediatos.
Esto derivó en sendas sentencias, en las que Guil resultó condenado por los homicidios de seis vÃÂctimas.
Por otro lado, el fiscal señaló que los hechos descriptos en este requerimiento constituyen "delitos de lesa humanidad", por "su gravedad, naturaleza, modalidad de comisión y calidad de sus autores y vÃÂctimas".
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
