Piden que el primer ministro responda sobra amenazas de la extrema derecha a periodistas
Integrantes de La Resistencia, una agrupación de extrema derecha, atacaron a prestigiosos periodistas con amenazas e insultos racistas. Parlamentarios promueven que el primer ministro Alberto Otárola responda por la impunidad con que se manejan los agresores.
Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima05-03-2023 | 17:38
Un grupo de parlamentarios, fundamentalmente de izquierda, promueve que Otárola sea interpelado por la forma en que el Gobierno reprime las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejan 60 muertos desde diciembre.
En el probable cuestionario, los parlamentarios incluyen presuntas sobre "La Resistencia", cuyas acciones de intimidación se realizan sin obstáculos, pese a que el estado de emergencia implica restricciones que sà se aplican para los opositores.
"Estamos aquà plantados y parados para decirle a Gustavo Gorritti que tiene los dÃas contados", gritaba con megáfono Israel Vidal, una de las caras visibles de "La Resistencia", frente a la casa del comunicador. "Gorriti no es peruano, es judÃo", añadÃa otro activista, Roger Ayachi.
"Han llevado la violencia verbal a sus lÃmites mayores. Esa banda lumpen ha realizado actos de hostigamiento contra IDL Reporteros (el portal de investigación que dirige Gorriti) no menos de 20 veces. La diferencia es que ahora lo han hecho en mi domicilio", se quejó el periodista.
Los reiterados ataques contra Gorriti, de ideas de centro, suelen estar acompañados por insultos antisemitas derivados de su condición de judÃo.
Palacios es una influyente abogada de 59 años, con gran acogida en las redes sociales, cuya ideologÃa se enmarca en la derecha, pero que es crÃtica de la forma en que Boluarte y sus aliados han actuado contra las protestas populares.
La periodista denunció que, pese a los llamados, las autoridades no hicieron nada para impedir el ataque, por lo que deslizó que "La Resistencia" podrÃa tener la anuencia del alcalde del distrito limeño de Miraflores -donde ocurrieron los hechos-, Carlos Canales, del partido ultraconservador Renovación Popular (RP). "Los dejan hacer", se quejó.
Miraflores, poblado mayoritariamente por personas de clase media alta y uno de los distritos más emblemáticos de Lima, permanece últimamente bajo una fuerte custodia policial, porque Canales prohibió movilizaciones populares en la zona. "Si quieren protestar, háganlo en sus barrios", argumentó.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que reprochó el hecho, hizo públicos videos que demuestran que policÃas del distrito limeño de Lince, donde ocurrieron las agresiones, no hicieran nada por evitarlas a pesar de estar a corta distancia.
La ANP y el Instituto Prensa y Sociedad hicieron denuncias que tuvieron eco en organizaciones internacionales como la VeedurÃa de la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de Prensa.
Incluso, en un hecho con pocos precedentes, las embajadas en Lima de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá expidieron un comunicado conjunto en el que consideran "vital" que las autoridades "garanticen la seguridad de los periodistas mientras trabajan libremente".
Varios de los lÃderes de "La Resistencia" y sus grupos aliados son definidos por la prensa como simpatizantes de RP y/o del partido fujimorista Fuerza Popular, aunque esos colectivos niegan que haya algún tipo de vinculación formal.
Esos grupos comenzaron aparecer hacia 2018 en movilizaciones de respaldo al entonces cuestionado fiscal general Pedro Chávarry, a la postre destituido por corrupción.
Desde entonces tomaron vuelo y han agredido fÃsica y verbalmente a activistas de derechos humanos, periodistas, foros de izquierda, a monumentos a los derechos humanos y a personajes a los que tildan de comunistas y "proterroristas" aunque no lo sean, como el expresidente interino Francisco Sagasti.
La aparente impunidad con que actúan "La Resistencia" y sus similares ha quedado más en evidencia, según analistas, con el fuerte incremento de las medidas de seguridad dispuestas por Boluarte, las que incluyen un accionar inmediato para disolver las concentraciones públicas. Etiquetas:
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
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