Denunciaron a funcionarios de Río Negro por responsabilidad en el ataque de Lago Escondido
� "Además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión también hay responsabilidad política, porque se dejó actuar", argumentó la exsenadora por la provincia Magdalena Odarda.�
Por Amparo Beraza05-02-2023 | 15:22
Los empleados de Lewis que atacaron a los manifestantes. /Foto: Pepe Mateos. La abogada y exsenadora por RÃÂo Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció penalmente a los empleados del magnate británico Joe Lewis por los "ataques contra los manifestantes que quisieron acceder por el camino público de TacuifÃÂ" y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de PolicÃÂa, Osvaldo Telleria, por "omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas".
La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del TacuifÃÂ, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.
"No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de RÃÂo Negro ha garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión", explicó la única amparista en la causa.
Las ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel.
Entre los heridos derivados estaban el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.
La denunciante, Magdalena Odarda, es una de las promotoras del amparo para el acceso al lago. /Foto: Marcelo Ochoa.
Para Odarda, la violencia contra los militantes se dio porque Joe Lewis encuentra "garantÃÂas en el poder polÃÂtico de RÃÂo Negro" que permiten que "haya un cierre total del acceso seguro y público de Tacuifàpara todas las personas":
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido por Tacuifàen las tierras que posee el magnate británico en ese paraje cordillerano y el gobierno de RÃÂo Negro encabezado por Arabela Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
"El cierre total del acceso lo habÃÂamos denunciado hace un año, durante la pandemia se construyó ese vallado con alambre de púas y cámaras de seguridad, en remplazo a la tranquera", indicó la abogada.
Además, agregó que el vallado fue construido "a plena luz del sol, con maquinarias y camiones dela empresa Hidden Lake".
"En un lugar dónde pasan constantemente funcionarios, asàque todos fueron testigos del vallado", aseguró.
La abogada explicó a esta agencia que el camino de TacuifàexistÃÂa "antes que Lewis compre el campo" y que la mansión que ostenta el empresario fue construida justo encima del mismo.
Según Odarda, esto significarÃÂa para Lewis "perder totalmente la privacidad que le ha dado el poder polÃÂtico para utilizarlo como un paraÃÂso privado".
La única amparista en la causa indicó que se ha propuesto al magnate realizar un desvÃÂo del camino para llegar al Lago sin pasar por la mansión, pero que hasta ahora no ha sido aceptado.
Actualmente, la exsenadora y su equipo se encuentran esperando una respuesta por la recusación presentada contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia que llevan al causa por el acceso público al camino de TacuifÃÂ.
Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció a los cinco jueces que componen el Tribunal Superior de Justicia de la provincia por "parcialidad" y pidió sus recusaciones por considerar que tienen "relación directa con el poder polÃÂtico" local.
El fallo de la Justicia
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido en las tierras que posee el magnate británico Joe Lewis en ese paraje cordillerano y el gobierno de RÃÂo Negro encabezado por Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
En este sentido, Odarda, quien hace 18 años presentó un amparo para garantizar el acceso a esa tierras que se encuentran en conflicto con la justicia, denuncia que los jueces del tribunal superior de RÃÂo Negro "tienen relación directa con el poder polÃÂtico de la provincia".
"La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artÃÂculo 18 de la Constitución Nacional", indicaron los letrados en el texto que presentaron.
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
