El respaldo del Ejecutivo a la labor judicial se da en medio de reclamos históricos de víctimas y organismos de derechos humanos que exigieron la implementación de procedimientos excepcionales para casos de terrorismo internacional. Las autoridades subrayaron que la introducción del juicio en ausencia responde a “una deuda pendiente del Estado argentino” en materia de memoria, verdad y justicia para los afectados por el atentado del 94.

La normativa habilita que, ante la incomparecencia injustificada de los sospechosos, el proceso penal se desarrolle con la designación de defensores oficiales y la producción de pruebas que permitan, eventualmente, dictar una sentencia sobre la responsabilidad en los hechos. Las fuentes judiciales señalaron que la resolución de Rafecas se fundamenta en tratados internacionales suscriptos por la Argentina y en la legislación local impulsada en los últimos meses a propuesta del Ministerio de Justicia.