La disputa entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados con abundantes recursos naturales, tiene raíces históricas en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Guyana defiende la vigencia de este laudo y sostiene que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el foro adecuado para resolver el litigio, mientras que Venezuela rechaza este mecanismo y mantiene su reivindicación sobre el territorio. La tensión se intensificó en diciembre de 2023, cuando la dictadura de Maduro celebró un referéndum para incorporar el Esequibo, lo que generó preocupación internacional ante el riesgo de una escalada del conflicto.

El aumento de la violencia y el crimen organizado en el Caribe ha agravado la situación. Trinidad y Tobago registró en el último año 625 asesinatos, con una tasa de homicidios del 45,7%, según Insight Crime. El 43,6% de estos homicidios estuvo relacionado con la actividad de pandillas. Otros países de la región, como Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos, también han visto duplicarse sus tasas de homicidios, lo que convierte al Caribe en un foco de violencia sin precedentes. Persad-Bissessar atribuyó este fenómeno al tráfico de drogas, personas y armas, y advirtió que los cárteles han logrado integrarse en las altas esferas de las sociedades caribeñas, dificultando la implementación de políticas efectivas contra el crimen.