Jueves
2 de Abril de 2026
21 de agosto de 2025
Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida
Esto en medio de la creciente confrontación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal constitucional del país
>La controversia entre el Gobierno y la Corte Constitucional (CC) alcanzó un nuevo nivel tras conocerse que el Ministerio de EnergÃa y Minas notificó al máximo tribunal del paÃs la terminación del convenio interinstitucional que le permitÃa ocupar el edificio donde actualmente funciona. El oficio remitido a la Corte establecÃa un plazo máximo e improrrogable de un mes para desalojar el inmueble. La medida generó de inmediato preocupación entre sectores polÃticos, jurÃdicos y de derechos humanos, que la interpretaron como una escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y la CC.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el 20 de agosto, el mismo ministerio rectificó. A través de un nuevo oficio, la coordinadora general administrativa financiera, Nancy Jeanneth Uriarte, notificó al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Marlin Escudero, que el documento anterior quedaba sin efecto. “Debo indicar que se deja insubsistente el documento antes mencionadoâ€, se lee en la comunicación, lo que significó, en términos prácticos, que la orden de desalojo habÃa sido retirada.
El giro en la decisión se produjo en medio de un ambiente de tensión institucional que ha crecido durante las últimas semanas. Desde que la CC suspendió parcialmente artÃculos de tres leyes económicas y de seguridad impulsadas por el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa y su gobierno han intensificado las crÃticas contra el tribunal. La marcha del 12 de agosto hacia la sede de la Corte, encabezada por el propio mandatario y su gabinete, fue el punto más alto de esta confrontación.La decisión inicial de ordenar el desalojo del edificio de la CC fue interpretada por analistas como un intento de presión directa sobre el tribunal. El posterior retiro de la medida refleja, según expertos en derecho constitucional, el impacto de las reacciones polÃticas y sociales que provocó la notificación, además de las advertencias emitidas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y AmnistÃa Internacional habÃan señalado dÃas antes que las campañas de desprestigio, hostigamiento y medidas administrativas contra la Corte podÃan poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de sus magistrados.La medida del 19 de agosto no solo implicaba un traslado logÃstico para la institución, sino que era vista como un golpe a la estabilidad de su funcionamiento en momentos en que enfrenta causas de alta sensibilidad polÃtica, como las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional.
Con la revocatoria del oficio, la Corte mantendrá su sede en el edificio que ocupa actualmente. No obstante, la secuencia de decisiones evidencia la inestabilidad en la relación entre el Ejecutivo y el tribunal, en un contexto en el que las diferencias ya han trascendido del plano jurÃdico al polÃtico y simbólico.
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