Casación rechazó un recurso por el cierre de una causa contra Susana Giménez
A la actriz y conductora se le atribuía la evasión de 50.377.401,90 pesos en concepto de Bienes Personales, según la denuncia de la AFIP, querellante en la causa.
En ese fuero que investiga delitos tributarios, un juzgado en lo Penal Económico habÃa rechazado la acusación fiscal "por no constituir delito", una decisión que ahora quedó ratificada.
La sala III de Casación, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Javier Carbajo, sostuvo que la AFIP "limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó la Cámara y cuyos fundamentos no logra rebatir".
"Asimismo, el pronunciamiento atacado ha sido dictado por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados, es decir que en el caso existe doble conformidad judicial", concluyeron al rechazar la queja.
El tercer integrante de la sala, el juez Gustavo Hornos, se excusó de intervenir en el tema.
Ante esta decisión la AFIP podrÃa presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de JustÃcia.
De hecho, en el fallo de Casación el juez Mahiques sostuvo que "la decisión recurrida no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos –toda vez que no ocasiona un agravio de imposible, tardÃa o insuficiente reparación ulterior". Etiquetas:
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.
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