Las adicciones y la inseguridad, las principales preocupaciones de los cordobeses según un estudio
Se trata del primer relevamiento de este tipo que se realiza y surge como una "necesidad del Poder Judicial en implementar políticas públicas para acercar la Justicia a la ciudadanía y fortalecer el perfil del servidor público� judicial.
El relevamiento geolocalizado del equipo del Programa de Referentes Judiciales Comunitarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue acerca de las preocupaciones de la población, su mirada frente a las personas más vulnerables y los espacios de contención social, según publicó el sitio web oficial del Poder Judicial provincial.
La encuesta se realizó durante el 2022 con más de 1.400 entrevistas, tanto en barrios de la ciudad de Córdoba como en las distintas localidades del interior de la provincia, y los entrevistados fueron integrantes de diez sectores de la sociedad: religioso, educativo, salud, ONG, prensa, administración pública, cultural, deportivo, Justicia local y centros vecinales.
Entre otros datos, el estudio revela que la inseguridad se presenta con más fuerza en las opiniones de las personas que viven en capital (86%) frente a las que habitan en el interior provincial (58%).
Mientras que el problema de la droga se ve con más preocupación en el interior (75% de los encuestados) ante el 60% de las opiniones de capital.
Granja explicó que las encuestas se realizaron en 20 grandes ciudades, 87 barrios de la ciudad de Córdoba y 62 pequeñas localidades del interior que no tienen sedes judiciales o que las tienen alejadas.
"Trabajamos sobre tres ejes centrales: preocupaciones, personas o sectores afectados en sus derechos y lugares donde los habitantes se sienten más contenidos", explicó y a la vez se manifestó expectante con esta iniciativa de reflejar el estado social, porque "va a fortalecer el vÃÂnculo directo de la Justicia con cada comunidad, y de enlaces con otros sectores institucionales formales y no formales".
"Hoy tenemos un diagnóstico. Ahora tenemos que analizar y generar acciones" que, según dijo, "no todo depende del Poder Judicial, sino de un trabajo conjunto con otros organismos del Estado, incluso de la misma sociedad civil" para la provisión de las herramientas para dar respuestas a lo que demanda la población, particularmente a lo que hace a la "inseguridad, la droga y el alcohol", especificó.
Por su parte el párroco Mariano Óberlin, muy reconocido en Córdoba por su tarea social de lucha contra la drogadicción en chicos y adolescentes, se manifestó "muy preocupado" por el "avance del narcotráfico sobre la construcción del tejido social" de las nuevas generaciones.
"Es lamentable escuchar a los chicos que ven el mundo narco como ejemplo a seguir. No ven un futuro próspero en la educación ni en el trabajo, y eso es lo que el Estado debe trabajar para revertir", consideró el cura que asiste a 40 chicos en su espacio de rehabilitación, y contiene a otros 700 en talleres de oficios, recreativos, deportivos y cutlturales.
La medida fue dictada por las autoridades provinciales tras el endurecimiento del reclamo de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de respuestas del Instituto de Lotería.
El acto se realizó en el Club AGP y contó con la presencia de autoridades, gremios y referentes del sector portuario. Es la primera vez que se otorgan estas habilitaciones a trabajadoras.
El sindicato STARPyH apuntó contra los responsables de la firma por incumplimientos del convenio, falta de registración adecuada y situaciones de maltrato. “No vamos a permitir que se vulneren derechos”, advirtieron.