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12 de Abril de 2026
9 de marzo de 2023
Comenzó un juicio contra tres torturadores por crímenes de lesa humanidad
Los acusados, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".
08-03-2023 | 21:00 Los acusados, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto DÃaz.
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba inició este miércoles el juicio a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por crÃmenes de lesa humanidad cometidos en 1979, durante la última dictadura cÃvico-militar, en perjuicio de tres vÃctimas.
Las vÃctimas fueron José Jaime Blas GarcÃa Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (ya fallecido) y Rubén Amadeo Pocho Palazzesi, quien murió luego de reiteradas sesiones de tortura y su cuerpo fue carbonizado en el interior de un auto, simulando un falso intento de fuga.
Barreiro, alias "Nabo", tiene otras condenas por crÃmenes cometidos en la dictadura y por su caso se desató el movimiento de militares rebeldes "carapintadas" en la Semana Santa de 1987, durante el Gobierno de Raúl AlfonsÃn, cuando el 14 de abril de ese año se negó a declarar ante la Justicia de Córdoba por delitos de lesa humanidad.
La guarnición del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba, a la que pertenecÃa, se sublevó y exigió el cese de los juicios contra los represores, lo cual derivó el 16 de abril en el traslado de la rebelión a Campo de Mayo, encabezada por el entonces coronel Aldo Rico.
Para entonces ya habÃa sido sancionada la ley de "Punto Final" (en 1986) que establecÃa la caducidad de la acción penal para aquellos imputados de crÃmenes de lesa humanidad que no hubieran sido citados en determinado perÃodo establecido por esa norma.
Pero a través de los alzamientos "carapintadas", los militares de jerarquÃas inferiores (oficiales y suboficiales) exigÃan ser exceptuados de cualquier acusación argumentando que habÃan cumplido órdenes a las cuales no podÃan negarse.
Tras cuatro dÃas de zozobra, los sublevados depusieron su actitud tras el compromiso gubernamental de que se impulsarÃa una norma contemplando sus reclamos. El anuncio del fin de la rebelión -que volverÃa a repetirse- fue lanzado en ese momento por AlfonsÃn, quien desde los balcones de la Casa Rosada pronunció la histórica frase "Felices Pascuas, la casa está en orden".
Ernesto Guillermo Barreiro, el torturador que desató los alzamientos carapintadas.
Luego, en junio de 1987 se sancionó la ley de "Obediencia Debida" que benefició al segmento castrense rebelde.
En 1989 y 1990 el entonces presidente Carlos Menem fue más allá y dictó indultos para los militares condenados por crÃmenes de la dictadura y miembros de las organizaciones guerrilleras.
Once años después, en marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y luego instancias judiciales posteriores, hasta la Corte, y el Congreso, ratificaron las nulidades de todas esas normas, dejando el camino expedito para los juicios a los responsables de crÃmenes de lesa humanidad, que continúan hasta la actualidad.
La audiencia de este miércoles en Córdoba comenzó con la descripción de cada uno de los imputados, quienes participaron desde sus casas a través de la plataforma digital Zoom, en la que debieron responder preguntas de rigor sobre identidad, conformación familiar, detallando ciudad de residencia y si padecen problemas de salud, situación que abarcó a los tres en distintas medidas y gravedad.
Tras ello, tomó la palabra Cristina Guillén, esposa de Palazzesi.
"Estábamos en plena dictadura, sabÃamos lo que eso significaba, o sea desaparición o muerte, porque en la dictadura eso era lo que ocurrÃa a diario, más allá de que en el 79 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) estaba llegando pero eso no importó", lamentó Guillén, quien también estuvo detenida ilegalmente y denunció que fue torturada.
Su relato se basó principalmente en su secuestro, sus dÃas en prisión y lo que se iba enterando de la situación de su esposo.
Tras el secuestro de Palazzesi, Guillén contó que fue a casa de sus padres junto a sus tres pequeños hijos de 5, 3 y 1 años en ese momento, y que en ese domicilio de Córdoba la buscaron a ella (los militares) y la llevaron junto a su padre.
"Mi papá se va con 5 pesos en el bolsillo para poder tomar un taxi para volver porque según él, era alfonsinista, no tenÃa nada que ver con nada, no era peronista, pero lo tuvieron en prisión tres años", relató la mujer.
"Nos llevan a la D2 (centro de detención clandestina en el centro de la ciudad), ahà nos torturan, nos amenazan con los chicos, mi papá me cuenta que le gatillan en la cabeza en una forma de interrogatorio", siguió Guillén, que contó que luego fue derivada a la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.
AsÃ, detalló que tras ser detenida ilegalmente en 1979 recuperó la libertad en 1984 y en su descripción contó que "los militares" le robaron un dinero que tenÃan junto a su esposo por la venta de una camioneta, además del reloj que llevaba puesto al momento de la detención.
Además de detallar las precarias condiciones de la celda que habitaba, en la que le daban una lata de leche vacÃa para hacer sus necesidades, "era horrible, pero es lo que nos tocó", dijo.
Guillén se emocionó al recordar que su hijo de un año le "negó los brazos" cuando permitieron que su familia la visitara luego de tres meses de aislamiento, momento en el que no pudo contener la emoción, y siguió su relato entre lágrimas.
Tras Guillén prosiguió su cuñada, Stella Maris Palazzesi, viuda de Cavigliasso, quien también fue secuestrada y detenida clandestinamente entre 1979 y 1982.
En su exposición contó que llegaron militares a buscar a su hermano Rubén y que le decÃan vamos a controlar su casa para verlo a su hermano.
"RecorrÃan mi casa todas las noches, con autos, golpes, permanentemente asÃ, todos los dÃas; no tenÃamos teléfono ni podÃamos salir a comprar porque nos daba miedo", recordó Stella Maris, quien detalló que se enteró por la radio del secuestro de su hermano.
Pocos dÃas después volvieron y se llevaron a su esposo: "Abrió la puerta y lo empezaron a golpear, vino un personaje gordo de traje azul, cabeza ovalada, bigotes y pelo negro, que me tapa con la almohada para que no vea ni escuche".
"Estaban mis tres hijas y yo me preocupaba por ellas, y por suerte la más chiquita no se dio cuenta y las otras dos estuvieron al lado mÃo. Después que se fueron nos juntamos las tres a llorar y pensamos, qué hacemos ahora", sostuvo en su relato.
Detalló que tras eso se mudó a la localidad de Oliva, unos 90 kilómetros al este de la capital, a la casa de sus padres, donde se sentÃa "más tranquila".
Contó que allà también la vigilaban, hasta que un dÃa llegó un policÃa local y la llevó detenida.
Asà empezó su periplo, pasó por la cárcel de San MartÃn en Córdoba y tras un extenso perÃodo en prisión, dijo que "el 24 de diciembre de 1982 me dieron la libertad por falta de mérito. Estuve 4 años sin mis hijas, alejada de mi familia".
"Era como decir nos fue mal en las Malvinas y soltamos un poco de mujeres, sostuvo y referenció: "Volver a formar a la familia no era fácil, pero volvimos a la casa, buscamos más trabajo, le ayudaba a Teo (Cavigliasso) en el taller, él salió en julio o agosto del 83".
El juicio continuará el próximo miércoles 15 con testimonios de otros testigos, que citará el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, MarÃa Noel Costa y José Fabián AsÃs.
Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta tienen a su cargo la acusación, en tanto los imputados están representados por los defensores oficiales Rodrigo Altamira y Natalia Bazán.
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba inició este miércoles el juicio a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por crÃmenes de lesa humanidad cometidos en 1979, durante la última dictadura cÃvico-militar, en perjuicio de tres vÃctimas.
Las vÃctimas fueron José Jaime Blas GarcÃa Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (ya fallecido) y Rubén Amadeo Pocho Palazzesi, quien murió luego de reiteradas sesiones de tortura y su cuerpo fue carbonizado en el interior de un auto, simulando un falso intento de fuga.
Barreiro, alias "Nabo", tiene otras condenas por crÃmenes cometidos en la dictadura y por su caso se desató el movimiento de militares rebeldes "carapintadas" en la Semana Santa de 1987, durante el Gobierno de Raúl AlfonsÃn, cuando el 14 de abril de ese año se negó a declarar ante la Justicia de Córdoba por delitos de lesa humanidad.
La guarnición del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba, a la que pertenecÃa, se sublevó y exigió el cese de los juicios contra los represores, lo cual derivó el 16 de abril en el traslado de la rebelión a Campo de Mayo, encabezada por el entonces coronel Aldo Rico.
Para entonces ya habÃa sido sancionada la ley de "Punto Final" (en 1986) que establecÃa la caducidad de la acción penal para aquellos imputados de crÃmenes de lesa humanidad que no hubieran sido citados en determinado perÃodo establecido por esa norma.
Pero a través de los alzamientos "carapintadas", los militares de jerarquÃas inferiores (oficiales y suboficiales) exigÃan ser exceptuados de cualquier acusación argumentando que habÃan cumplido órdenes a las cuales no podÃan negarse.
Tras cuatro dÃas de zozobra, los sublevados depusieron su actitud tras el compromiso gubernamental de que se impulsarÃa una norma contemplando sus reclamos. El anuncio del fin de la rebelión -que volverÃa a repetirse- fue lanzado en ese momento por AlfonsÃn, quien desde los balcones de la Casa Rosada pronunció la histórica frase "Felices Pascuas, la casa está en orden".
Luego, en junio de 1987 se sancionó la ley de "Obediencia Debida" que benefició al segmento castrense rebelde.
En 1989 y 1990 el entonces presidente Carlos Menem fue más allá y dictó indultos para los militares condenados por crÃmenes de la dictadura y miembros de las organizaciones guerrilleras.
Once años después, en marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y luego instancias judiciales posteriores, hasta la Corte, y el Congreso, ratificaron las nulidades de todas esas normas, dejando el camino expedito para los juicios a los responsables de crÃmenes de lesa humanidad, que continúan hasta la actualidad.
La audiencia de este miércoles en Córdoba comenzó con la descripción de cada uno de los imputados, quienes participaron desde sus casas a través de la plataforma digital Zoom, en la que debieron responder preguntas de rigor sobre identidad, conformación familiar, detallando ciudad de residencia y si padecen problemas de salud, situación que abarcó a los tres en distintas medidas y gravedad.
El relato en primera persona de una detención ilegal
Tras ello, tomó la palabra Cristina Guillén, esposa de Palazzesi.
"Estábamos en plena dictadura, sabÃamos lo que eso significaba, o sea desaparición o muerte, porque en la dictadura eso era lo que ocurrÃa a diario, más allá de que en el 79 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) estaba llegando pero eso no importó", lamentó Guillén, quien también estuvo detenida ilegalmente y denunció que fue torturada.
Su relato se basó principalmente en su secuestro, sus dÃas en prisión y lo que se iba enterando de la situación de su esposo.
Tras el secuestro de Palazzesi, Guillén contó que fue a casa de sus padres junto a sus tres pequeños hijos de 5, 3 y 1 años en ese momento, y que en ese domicilio de Córdoba la buscaron a ella (los militares) y la llevaron junto a su padre.
"Mi papá se va con 5 pesos en el bolsillo para poder tomar un taxi para volver porque según él, era alfonsinista, no tenÃa nada que ver con nada, no era peronista, pero lo tuvieron en prisión tres años", relató la mujer.
"Nos llevan a la D2 (centro de detención clandestina en el centro de la ciudad), ahà nos torturan, nos amenazan con los chicos, mi papá me cuenta que le gatillan en la cabeza en una forma de interrogatorio", siguió Guillén, que contó que luego fue derivada a la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.
AsÃ, detalló que tras ser detenida ilegalmente en 1979 recuperó la libertad en 1984 y en su descripción contó que "los militares" le robaron un dinero que tenÃan junto a su esposo por la venta de una camioneta, además del reloj que llevaba puesto al momento de la detención.
Además de detallar las precarias condiciones de la celda que habitaba, en la que le daban una lata de leche vacÃa para hacer sus necesidades, "era horrible, pero es lo que nos tocó", dijo.
Guillén se emocionó al recordar que su hijo de un año le "negó los brazos" cuando permitieron que su familia la visitara luego de tres meses de aislamiento, momento en el que no pudo contener la emoción, y siguió su relato entre lágrimas.
Tras Guillén prosiguió su cuñada, Stella Maris Palazzesi, viuda de Cavigliasso, quien también fue secuestrada y detenida clandestinamente entre 1979 y 1982.
En su exposición contó que llegaron militares a buscar a su hermano Rubén y que le decÃan vamos a controlar su casa para verlo a su hermano.
"RecorrÃan mi casa todas las noches, con autos, golpes, permanentemente asÃ, todos los dÃas; no tenÃamos teléfono ni podÃamos salir a comprar porque nos daba miedo", recordó Stella Maris, quien detalló que se enteró por la radio del secuestro de su hermano.
Pocos dÃas después volvieron y se llevaron a su esposo: "Abrió la puerta y lo empezaron a golpear, vino un personaje gordo de traje azul, cabeza ovalada, bigotes y pelo negro, que me tapa con la almohada para que no vea ni escuche".
"Estaban mis tres hijas y yo me preocupaba por ellas, y por suerte la más chiquita no se dio cuenta y las otras dos estuvieron al lado mÃo. Después que se fueron nos juntamos las tres a llorar y pensamos, qué hacemos ahora", sostuvo en su relato.
Detalló que tras eso se mudó a la localidad de Oliva, unos 90 kilómetros al este de la capital, a la casa de sus padres, donde se sentÃa "más tranquila".
Contó que allà también la vigilaban, hasta que un dÃa llegó un policÃa local y la llevó detenida.
Asà empezó su periplo, pasó por la cárcel de San MartÃn en Córdoba y tras un extenso perÃodo en prisión, dijo que "el 24 de diciembre de 1982 me dieron la libertad por falta de mérito. Estuve 4 años sin mis hijas, alejada de mi familia".
"Era como decir nos fue mal en las Malvinas y soltamos un poco de mujeres, sostuvo y referenció: "Volver a formar a la familia no era fácil, pero volvimos a la casa, buscamos más trabajo, le ayudaba a Teo (Cavigliasso) en el taller, él salió en julio o agosto del 83".
El juicio continuará el próximo miércoles 15 con testimonios de otros testigos, que citará el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, MarÃa Noel Costa y José Fabián AsÃs.
Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta tienen a su cargo la acusación, en tanto los imputados están representados por los defensores oficiales Rodrigo Altamira y Natalia Bazán.
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